Los ribetes que alcanzó el debate sobre regulaciones a la industria forestal en medio de los incendios en el sur, abierto por el propio Presidente, generó irritación en los privados, quienes denuncian un ataque permanente desde el gobierno por diferentes crisis en materia de seguridad, catástrofes, salud y pensiones. Pese al “portazo” de la ministra Tohá esta semana a un royalty a la industria forestal, el conflicto dejó esquirlas en el empresariado y obligó a Marcel a operar desde su lugar de vacaciones.

Mientras la temperatura y el fuego arrasaban con virulencia miles de hectáreas en el sur de Chile en las últimas dos semanas, la delicada, zigzagueante y tensionada relación entre el gobierno y los empresarios registró uno de sus capítulos más críticos desde que Gabriel Boric llegó a La Moneda en marzo del año pasado.

Luego que el propio Presidente instaló el viernes pasado la idea tener una regulación distinta para la industria forestal y la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, hablara de “nuevo trato”, la molestia y las reacciones en el sector privado se fueron sumando una a una. Primero fue la Sofofa, el mismo viernes en el que habló Boric; el lunes vinieron la Corma y el presidente de la CPC.

Pero el debate comenzó a crecer: varios alcaldes habían planteado la opción de un royalty a la industria forestal y el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, si bien no lo respaldó explícitamente, dejó la puerta abierta a su análisis. “Cuando uno conversa, no puede descartar nada”, dijo a Pulso. Valenzuela recordó que el programa de gobierno incluye la derogación del DFL 701, una nueva ley de fomento y una ley de rentas regionales cuyos instrumentos debían ser determinados por el Mandatario y el Ministerio de Hacienda.

Cual bola de nieve, el relato sobre un royalty a la industria forestal se fue instalando, en medio de los temores de Hacienda por aumentar la incertidumbre y desnaturalizar el debate y los acuerdos logrados en el proyecto de reforma tributaria, el que ya contiene un nuevo royalty a la minería.

El trato de la joven generación de gobierno a los privados en medio de la lucha dramática por apagar los incendios, cuya relación se ha movido entre la desconfianza y el utilitarismo, desató la irritación empresarial. Los mensajes reservados de preocupación y enfado de los privados a La Moneda y Hacienda junto a las declaraciones públicas de los gremios se multiplicaron durante la última semana.

Fueron los presidentes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, y de la Sofofa, Richard von Appen, quienes lideraron la arremetida empresarial y recordaron los otros episodios en que el oficialismo ha buscado responsabilizar al sector privado por crisis coyunturales de seguridad e incendios, entre otros casos.

La propia ministra del Interior, Carolina Tohá, tuvo que zanjar la polémica este miércoles. Un debate incipiente que fue creciendo sin control fue clausurado ese día por la jefa de gabinete. “El gobierno tiene una agenda tributaria que está en el Parlamento, que es clara y está expresada en proyectos de ley. Esa agenda es coordinada por el Ministerio de Hacienda, pero representa a todo el gobierno. En esa agenda no está contemplado un royalty a la industria forestal”, dijo categórica la ministra.

Las esquirlas del debate
Si bien gobierno y empresarios acordaron cerrar la polémica el miércoles, las esquirlas del nuevo episodio en que oficialismo buscó responsables en el mundo privado se mantienen en el ambiente.

“El mundo empresarial se cansó. Le transmití esta semana al gobierno que no estaba dispuesto a que se hablara de ‘sequía y saqueos’, de ‘guetos verticales’, de que cuando se quema Valparaíso es culpa de las inmobiliarias y que cuando hay un asalto en Costanera Norte es culpa del concesionario. Es un discurso que se agotó”, afirma enfático el expresidente de la CPC y también candidato a consejero constitucional, Juan Sutil.

En el seno del mundo empresarial confidencian que el ataque permanente de un sector del gobierno al mundo privado en temas como la crisis de las isapres y de las AFP, entre otros, han saturado al sector productivo.

A fines del año pasado el propio Presidente Boric entró en el debate sobre las sospechas e intencionalidades del último incendio en Viña del Mar. “No hay espacio para inmobiliarias”, afirmó el Mandatario al anunciar urgencia legislativa al proyecto de ley que prohíbe vender a las inmobiliarias los lugares que han sido devastados por incendios. El diputado oficialista Diego Ibáñez ha sido más crítico y ha apuntado directamente a las inmobiliarias.

Ricardo Mewes recordó el episodio del incendio en Valparaíso y la exigencia del gobierno a los centros comerciales de poner más seguridad tras los asaltos para graficar la misma desconfianza y sospecha de siempre. “Hay una tónica de algunos ministros, no de la ministra del Interior, pero sí de otros, en que inmediatamente responsabilizan en dichos casos al sector privado”, dijo a El Mercurio.